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Suben las detenciones de familias en la frontera de EE.UU. pese a las separaciones

Las separaciones de menores de inmigrantes en la frontera sur impulsadas por el Gobierno del presidente, Donald Trump, no han tenido el efecto disuasorio buscado y la proporción de familias detenidas al entrar al país aumentó en los dos últimos meses, según datos oficiales publicados []. 

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El Gobierno de EE.UU. vuelve a fallar en el plazo para reunificar a las familias migrantes

El Gobierno de EE.UU. ha entregado con padres, familiares o allegados a más de 1.800 niños que fueron separados en la frontera con México, pero mantiene en la incertidumbre a otros cientos cuyo futuro no queda resuelto en el plazo dado por un juez.
A través de un documento remitido hoy a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia informaron que 1.442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos con sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Otros 378 han sido liberados en "circunstancias apropiadas", según consta en el documento judicial, y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia de ICE o a algún otro familiar, lo que eleva la cifra a 1.820 menores reunidos.
Ese total, no obstante, es inferior a los 2.551 menores mayores de 5 años que según una orden del juez Dana Sabraw tenían que haber sido devueltos con sus padres antes de que finalice este jueves, tras ser separados de sus familias a consecuencia de la política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal.
El Gobierno había señalado con anterioridad que solo 1.634 menores eran "elegibles" para la reagrupación ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
"El plan de reunificación presentado a la corte está avanzando, y se espera que resulte en la reunificación de todos los miembros de la demanda colectiva que son elegibles para reunificación", se lee en el escrito de hoy.
Los abogados de ACLU, sin embargo, han criticado el tono triunfalista que se desprende del informe del Gobierno.
"Claramente no se conseguirá una reunificación total, solo pedimos que sea lo más rápido posible y de forma transparente. Nuestro objetivo es que todos los niños vuelvan con sus familias", señaló el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gerlent, en una rueda de prensa previa a la entrega del escrito.
La organización insistió que las autoridades federales entreguen el listado de las familias reunificadas para garantizar la asesoría en el proceso migratorio.
"Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, que harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses", comentó el abogado.
En el documento, el Gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado a ese beneficio.
"La Administración de Trump está tratando de barrerlos bajo la alfombra al elegir unilateralmente quien es elegible para reunificación. Continuaremos responsabilizando al Gobierno y reuniremos a estas familias", declaró Gelernt.
La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), señaló hoy en un comunicado que han presentado declaraciones juradas a la corte en las que indican que "se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión".
AILA pide que se libere a "las víctimas de esta estrategia de separación familiar" a fin de darles la oportunidad de asistencia legal, además de que sean regresados a EE.UU. los padres deportados para reunirse con sus hijos y sus casos "sean revisados por un juez justo e imparcial".
Organizaciones como la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, o la bipartidista FWD.us, sumaron hoy sus críticas por el "fracaso" del Gobierno en cumplir con el plazo dado por la corte y demandaron que todas las familias separadas sean reunidas.
ACLU ha pedido a su vez otra lista de los 431 padres que no están en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin sus hijos, para estudiar la opción más viable de reunificación, si bien la labor no será sencilla como adelantó Gelernt.
Sabraw, que esta semana calificó de "logro notable" el proceso de reunificación emprendido por la Administración, ha citado el viernes al Gobierno y a los demandantes.
Entre los temas sobre los que el magistrado deberá decidir está el pedido de ACLU de otorgar un plazo de siete días a los padres después de la reunificación, para que decidan si inician un largo y complicado proceso migratorio para quedarse en el país o regresan a sus países de origen.
El Gobierno por lo pronto se ha negado a esta petición bajo el argumento de se generarían problemas de espacio en sus centros de detención y crearía "ineficiencias" en el sistema.
Sabraw tendría que fijar además las bases para la reunificación de familias que hasta ahora no son consideradas elegibles.

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Mil jóvenes y futuros activistas dicen "basta" a la política migratoria de Trump

Mil jóvenes y futuros activistas dicen "basta" a política migratoria de Trump.
Cerca de un millar de jóvenes estudiantes, futuros activistas, se plantaron hoy a los pies del Congreso para gritar "basta" contra la política migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump, especialmente sobre la separación familiar. 

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HRW denuncia que centenas de menores no acompañados duermen al raso en París

Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que centenares de menores migrantes no acompañados duermen al raso en las calles de París y criticó a las autoridades francesas por no hacerse cargo de ellos como establece la ley.


En un informe difundido hoy, la ONG reprobó al Estado por la forma "arbitraria" con la que actúa para determinar si un joven es o no menor de 18 años tanto cuando carece de papeles, como cuando los tiene.

"Las autoridades de protección y los jueces dudan de partidas de nacimiento, pasaportes y otros documentos de identidad, a pesar de que la regla en Francia es que esos documentos son presuntamente válidos siempre que no haya razones reales para desconfiar", indicó.

Según la ONG, hay unos 400 menores sin compañía que duermen al raso en la capital francesa, una estimación "a la baja" y que sitúa a la mayoría en el noreste, junto al canal de Saint-Martin.

HRW lamentó la falta de un protocolo correcto de actuación: "Muchas candidaturas al sistema de protección de la infancia son descartadas de forma inadecuada y abrupta, basándose apenas en la apariencia, mientras que otras se rechazan sin decisiones por escrito al término de una entrevista de solo cinco minutos".

Según la directora en Francia de HRW, Bénédicte Jeannerod, los jóvenes se someten a procesos de estudio "complejos" que les dejan "en un limbo" durante meses.

"Estos niños -muchos huyendo de la represión y la guerra- han padecido mucho durante sus peligrosos y difíciles viajes y cuando llegan a lo que creen su punto final se les niega la protección que necesitan", dijo Jeannerod, quien pidió a las autoridades hacerse cargo de ellos evocando el "beneficio de la duda".

La organización recriminó también que para determinar la edad se les hagan análisis médicos como las pruebas de huesos, un "método no fiable" para los adolescentes cercanos a los 18 años.

En un vídeo divulgado por la ONG, se abordan los casos de dos jóvenes de 16 años: el de Berhouz, procedente de Afganistán, y el de Daouda, de Guinea-Conakry.

"Nada más llegar a París, fui a la Porte de la Chapelle (noreste). Allí me encontré a otro guineano y le pregunté: '¿Qué hace toda esta gente en la calle?', y él me respondió: 'Esto es París. Aquí se duerme en la calle'", rememoró Daouda.

Berhouz, quien duerme en una tienda de campaña junto al canal de Saint-Martin, relató su calvario.

"Me dijeron que tenía 18 años, por lo que no me podían acoger. Me dejaron en la calle, donde casi no puedo dormir por el ruido de los coches. Llevo esperando cinco meses a que me den cita con el juez para que se resuelva mi situación", contó.