Organismos civiles exigen al Gobierno lista de "reos políticos" en Nicaragua

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La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua exigió [] al Gobierno que divulgue la lista de "reos políticos", para que haya juicios transparentes, en medio de la crisis que comenzó en abril pasado y ha dejado centenares muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.


"Demandamos el cumplimiento de la recomendación brindada por la CIDH al Gobierno de Nicaragua para que divulgue un registro público con el número de detenidos desde el 18 de abril, y de encarcelados y excarcelados hasta la fecha", dijo en un pronunciamiento la Articulación, que incluye a organizaciones de la sociedad civil y representantes de minorías.


Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con la Presidencia también en manos de Ortega, quien reconoce 197 muertos en las protestas.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en 317 los muertos en Nicaragua, organismos humanitarios locales reportan entre 305 y 448 fallecidos, mientras que una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, criticada por diversos sectores que dudan de su independencia, contabilizó hasta el 31 de julio pasado un total de 265 fallecidos.


Según la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, al menos 130 personas "han sido llevadas a tribunales controlados por la dictadura orteguista y acusadas de diversos crímenes, entre ellos el de terrorismo, la figura jurídica preferida por el régimen Ortega-Murillo para criminalizar la protesta cívica".


La Articulación denunció que "la ciudadanía es intimidada, amenazada y secuestrada por fuerzas paramilitares auspiciadas por el Gobierno, que cuentan con el apoyo de la Policía y que actúan con total impunidad, incluso saqueando los hogares de las personas".


"Se comete otra aberración, que es inventar situaciones de culpabilidad a los prisioneros, los llevan a tribunales bajo el control del régimen, y quienes llegan a acusar al estudiantado y a la población son los mismos que los aprehendieron ilegalmente o los torturaron, en las mazmorras de la familia Ortega Murillo", agregaron los denunciantes.


La CIDH ya advertió que Nicaragua vive una "tercera fase" de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes".

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La Articulación reclamó "la liberación de todos los prisioneros políticos, incluyendo aquellos que están en los calabozos del régimen pero oficialmente el régimen no ha aceptado que los tiene capturados".


La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.


Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.