La CIDH urge a Honduras a sancionar a responsables de la violencia postelectoral

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló [] que el Estado de Honduras debe "avanzar de manera diligente e imparcial" en las investigaciones de los responsables de la violencia surgida después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 por un supuesto fraude.


Además, se debe "asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos", indicó la CIDH en su informe preliminar sobre su visita de esta semana al país centroamericano.


Durante su visita la comisión observó en el terreno la situación de derechos humanos, para lo que se reunió con autoridades del Gobierno, representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y empresarios.


También recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.


Sobre el "conflicto postelectoral", la CIDH "observó que persiste un clima político polarizado" y que "dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza".


La oposición política no reconoce las elecciones del 26 noviembre, en las que fue reelegido el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aduciendo que hubo fraude.


La comisión señaló que "en la represión también participaron las Fuerzas Armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia".


"En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas", añade el informe preliminar, al que seguirá uno más amplio este mismo año.


Destaca además que la respuesta estatal a las protestas tuvo como consecuencia que al menos 22 personas fueron asesinadas, centenares resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y más de 1.000 fueron detenidas, de las que muchas denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de libertad.


Además, se reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de fuerzas de seguridad.


"Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH lo concibe como un recurso último que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal", subraya el informe.


La Comisión enfatizó que el uso de la fuerza debe ser caracterizado por la excepcionalidad y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.


La CIDH, distribuida en cuatro grupos de trabajo, además de Tegucigalpa, visitó San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira y el Bajo Aguán (norte) y Choluteca (sur).


Los grupos se reunieron con representantes de instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares, indica el comunicado que fue leído por el relator para Honduras sobre personas privadas de libertad, Joel Hernández.


El jueves, la delegación de la CIDH fue recibida por el presidente Hernández, a quien agradecieron por la colaboración brindada para cumplir sin problemas la visita.

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Hernández dijo que la visita de la CIDH es oportuna para que, con las recomendaciones emanadas después del monitoreo integral de la situación de derechos humanos en el país, se contribuya a su cumplimiento y a mejorar la situación en el tema.


"Les agradezco estar en el país, si el tema de derechos humanos se trata con la franqueza del caso, todos vamos a ganar", añadió.


El informe de la CIDH recoge 25 recomendaciones al Estado, entre ellas "fortalecer las capacidades de la Policía con el fin de avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos".


El Estado también debe elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial.


La CIDH dijo, entre otros temas, que se debe revisar la legislación local eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.


La delegación la integraron, además, la primera vicepresidenta, Esmeralda Arosemena; el segundo vicepresidente, Luis Ernesto Vargas, las comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola; el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, y la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, entre otros.