Un juez de EE.UU. reafirma el bloqueo de la distribución de armas de fuego 3D

 El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, aseguró en un comunicado que perseguiría la producción de estas armas en el país por ser ilegales.

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, aseguró en un comunicado que perseguiría la producción de estas armas en el país por ser ilegales.

Un juez federal de Estados Unidos determinó hoy el bloqueo hasta que se resuelva el caso o se emita nueva orden de la distribución de armas de fuego 3D impresas a través de páginas web, práctica apoyada por el Gobierno.


El magistrado de la corte federal del Distrito Washington Oeste Robert Lasnik dio así la razón a una coalición de estados demandantes que había conseguido una suspensión de urgencia, que ahora se ratifica.


"Los demandados (...) deberán preservar el 'statu quo ex ante' (la situación previa) (...) hasta nueva orden del tribunal", explicó Lasnik en una orden registrada este lunes en la corte del estado de Washington.


El 31 de julio, el magistrado bloqueó de urgencia la difusión de instrucciones en páginas web, lo que estaba previsto para el día siguiente una vez que el Ejecutivo del presidente Donald Trump alcanzara un acuerdo con una compañía de Texas, que llevaba años batallando para desarrollar este negocio.

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La actuación de hoy sirve para confirmar, según el juez, la necesidad de que estas actividades no entren en funcionamiento por el peligro del daño irreparable que podrían implicar.


En medio de la controversia, el mismo 31 de julio, Trump consideró que no tenía "mucho sentido" que se pudieran imprimir armas 3D en casa, pese a que su propio Gobierno lo había permitido.


"Estoy viendo (el tema de) las armas de plástico 3D que se venden al público. Ya he hablado con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ¡no parece tener mucho sentido!", expresó Trump en Twitter, sin dar más detalles.


La orden del juez llega después de que el pasado 15 de agosto el Departamento de Justicia registrara un documento apoyando el fin de la suspensión temporal de estas actividades, alegando fallos en la argumentación por parte de la coalición, de 19 estados y el Distrito de Columbia.


Al día siguiente, acompañando a la difusión de ese documento, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, aseguró en un comunicado que perseguiría la producción de estas armas en el país por ser ilegales.