La represión en Nicaragua muta en "aniquilación y cacería", denuncia el Cenidh

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La represión del Gobierno de Nicaragua hacia personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega ha mutado en una "aniquilación y cacería", informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).


"Evolución de la represión gubernamental: aniquilación y cacería de la población, por parte de fuerzas parapoliciales con armamento de alto calibre y con características de fuerzas paramilitares", definió el Cenidh en su más reciente informe sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua.


En el mismo informe, el Cenidh señala que al menos 302 personas murieron y otras 2.000 resultaron heridas, "en los primeros 100 días de la represión", desde el inicio de las manifestaciones, el 18 de abril, hasta el 26 de julio.


De acuerdo con el Cenidh, en este periodo las "fuerzas represivas" del Gobierno han llevado a prisión a unas 1.900 personas, de las cuales se sabe que 482 permanecen detenidas y 98 enfrentan procesos judiciales.


La organización humanitaria no emitió un número específico de personas desaparecidas durante la represión, ya que es variable, y suelen ser encontradas en delegaciones policiales, la cárcel bajo denuncias de torturas conocida como "El Chipote", y en la morgue del Instituto de Medicina Legal.


"La violencia de Estado tiene como objetivo no sólo desmontar las acciones de resistencia, sino también provocar el mayor número de muertos, capturar al mayor número de personas, y someter a las poblaciones de los territorios ocupados por estas fuerzas represivas a verdaderos estados de sitio", resaltó el Cenidh.


Además de las agresiones físicas e intimidación, el Cenidh denunció el uso de instituciones públicas para profundizar la "criminalización" de las protestas, como la reforma a las normas contra el lavado de dinero, que abre el concepto de terrorismo a diversas interpretaciones.


Asimismo, señaló al Ministerio Público por ser muy diligente al acusar a los manifestantes por diversos delitos, sobre todo el de terrorismo, pero "continúa sin asumir su función de coadyuvar en el esclarecimiento de los más de 300 asesinados".


Adicionalmente, el Cenidh señaló que el interés del presidente Ortega de "desmontar el diálogo" nacional a través del cual se busca superar la crisis, es parte de la estrategia represiva del Gobierno nicaragüense.

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Las cifras del Cenidh coinciden con las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó de 295 muertos en su último informe, mientras otras organizaciones humanitarias cuentan hasta 448 víctimas y el Gobierno, 195. Las diferencias se deben a los criterios de cada institución.


Tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.


Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.


Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.