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Militares salvadoreños apelan la reapertura de la causa por la masacre de seis jesuitas

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 El abogado de dos militares señalados como parte del grupo de "autores intelectuales" de la masacre de 6 jesuitas y 2 de sus colaboradoras en 1989 apeló hoy la reapertura del proceso dictada recientemente por un tribunal de El Salvador.


Lisandro Quintanilla, abogado del coronel Francisco Elena Fuentes y del general Orlando Zepeda, acudió al Juzgado Tercero de Paz para presentar la apelación que deberá procesar la colegiada Cámara Tercera de lo Penal.

"Hemos presentado un recurso de apelación en el que decimos que la Cámara tiene que revocar lo resuelto y tiene que respetarse el principio de legalidad", apuntó Quintanilla, quien señaló que este caso no puede ser procesado como un delito de lesa humanidad porque "no existían en el año de 1989".

Detalló que al momento de cometerse el crimen "tampoco existía el carácter imprescriptible" del que gozan los delitos considerados crímenes de guerra o de lesa humanidad en el Código Penal vigente en el referido año.

"Este caso estaba fenecido hace 16 años y ahora de un plumazo el juez viene a anular una resolución (de sobreseimiento del 2000) que estaba en firme" porque "había sido conocida por una cámara, por la Sala de lo Penal y de lo Constitucional", apuntó.

Añadió que el juez justificó la reapertura con la anulación de una ley de amnistía de 1993, que el Constitucional anuló en julio de 2016, porque el sobreseimiento a favor del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y otros 6 mandos militares se dio por la prescripción del crimen.
Añadió que con este recurso de apelación "se suspenden los efectos" de la reapertura, con lo que la Fiscalía deberá abstenerse de presentar la acusación que el citado tribunal de Paz le ordenó.

El pasado 17 de abril, el Juzgado Tercero de Paz declaró la "nulidad absoluta" del sobreseimiento y desechó las "excepciones" presentadas por los defensores de "cosa juzgada" y "falta de acción".

Esta resolución judicial se dio en respuesta a la petición del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), en cuyo campus fueron ejecutados los religiosos, presentada en noviembre de 2017.

El director de la Idhuca, José María Tojeira, sostuvo en esa fecha que esta petición de reapertura no incluye a los "autores materiales" sometidos a una "farsa de juicio" en 1992 y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos uniformados.

Además de Cristiani son acusados de planificar el crimen los militares en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.