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El fiscal general de EE.UU. cree que la militarización puede resolver la "crisis" fronteriza

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Ante "el aumento significativo de cruces ilegales" en la frontera con México, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, valoró hoy positivamente la decisión del presidente, Donald Trump, de enviar a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad y paliar la "crisis" en la zona.


El fiscal general participó hoy en el encuentro anual de la Coalición de Sheriffs del Área fronteriza Suroeste, celebrado en la ciudad de Las Cruces (Nuevo México), cerca de la frontera con Texas y con México, de quienes destacó la "importancia" de su trabajo, puesto que "lo que sucede" puede afectar a la nación entera.

"Una frontera de 2.000 millas (3.220 kilómetros) convierte al país vulnerable a organizaciones criminales como carteles de drogas, pandillas callejeras y otros criminales que traen drogas, armas de fuego y violencia de pandillas a nuestras comunidades", manifestó.

Sessions alabó la decisión de Trump de militarizar la zona fronteriza para, entre otras razones, frenar la oleada de droga que sufre el país, alegando que estas sustancias vienen en su totalidad "del otro lado de la frontera".

El responsable de Justicia tampoco perdió la ocasión de expresar una vez más la necesidad de construir un muro de concreto entre Estados Unidos y México, y lamentó que esta medida "no avance" en el Congreso generando un clima de incertidumbre e indecisión.

En su discurso, ante 31 alguaciles de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, insistió en que la falta de un muro en la frontera sur motiva a los inmigrantes indocumentados a entrar al país aprovechándose de "las lagunas judiciales generadas por la anterior administración".

Según datos oficiales, el pasado mes de marzo se produjo un aumento del 37 % en los cruces fronterizos ilegales con más 50.000 personas, el triple que en el mismo período el año pasado.
Por su parte, a las puertas de la reunión, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los latinos se manifestaron, con cánticos en español, por la presencia del fiscal general en la ciudad.

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Ya en una visita similar en 2017, Session definió a la región fronteriza, tal y como ocurrió en la jornada de hoy, como el "punto cero" en la lucha contra los cárteles y los traficantes de personas.

El director ejecutivo de la Organización Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés), Fernando García, y uno de los organizadores de las protestas, expresó que la animadversión contra Sessions se produce porque trata la región como "una zona de guerra".

"Se equivocó entonces y continúa equivocado", dijo García en un comunicado difundido por su organización, al tiempo que prometió movilizaciones "para asegurar que no se falte al respeto" a las comunidades de la región fronteriza.

Los cuatro estados fronterizos con México han anunciado hasta ahora el despliegue de unos 2.000 militares de la Guardia Nacional en cumplimiento de la orden del presidente, Donald Trump, de combatir la inmigración irregular en la región.

Por el momento, Texas cuenta con unos 300 soldados en el terreno, aunque ya ha anunciado que alcanzará los 1.000 efectivos, Arizona anunció que su dotación estará compuesta por 338 militares y Nuevo México se comprometió a desplegar 80 guardias como primer envío de un contingente que alcanzará los 250 militares.

Y California, que mantiene un agrio litigio migratorio con el Gobierno, anunció hoy que enviará 400 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México, pero aclaró que no desempeñarán labores relacionadas de alguna manera con la inmigración irregular.

El viaje de Sessions coincidió también con el comienzo de las obras para reemplazar una valla de 20 millas (32 kilómetros) cerca del cruce fronterizo de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México y en el límite con México.

Una barrera que tendrá una altura de entre 5,5 y 9,1 metros, según anunció en rueda de prensa el pasado lunes Aaron A. Hull, el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso (Texas).