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Los independentistas proponen un candidato en prisión para gobernar Cataluña

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El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, oficializó hoy la candidatura del diputado independentista Jordi Sánchez, actualmente en prisión preventiva, para presidir el Gobierno regional de Cataluña, aunque no fijó aún la fecha del pleno en el que se debatirá su investidura.


Torrent (ERC, izquierda republicana) había propuesto inicialmente a Carles Puigdemont, expresidente del Gobierno catalán, pero ante la imposibilidad de ser elegido por estar en Bélgica huido de la Justicia española, éste renunció a su candidatura y propuso a Sánchez, número dos de su lista electoral, JxCat (Juntos por Cataluña, centroderecha).


Pero Sánchez tiene también un hándicap, ya que está en prisión provisional por su implicación en el proceso independentista y necesitaría el permiso del Tribunal Supremo para salir de la cárcel en la que está recluido y poder asistir al pleno del Parlamento en el que se debatiría su investidura.


A pesar de todos los inconvenientes, el presidente del Parlamento regional oficializó su candidatura en un comunicado, tras reunirse con los líderes de los partidos con representación en la cámara, que conserva mayoría independentista tras las elecciones del pasado 21 de diciembre convocadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y en las que el partido más votado fue Ciudadanos (liberales constitucionalistas).


Torrent propuso a Sánchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre por un supuesto delito de rebelión, "al comprobar, después de la ronda de consultas, que es quien cuenta con más apoyo".


En concreto, le apoyan las formaciones JxC y ERC, pero no cuenta con el beneplácito de la CUP (independentistas radicales y antisistema), cuyo representante Carles Riera, pidió hoy a Torrent una "propuesta radicalmente diferente" y reiteró que, mientras esto no se produzca, sus cuatro diputados se abstendrán en la investidura de cualquier candidato.


Con la abstención de la CUP, JxCat y ERC no tendrían mayoría suficiente en el Parlamento para elegir a Sánchez.


Ambos suman 66 escaños de los 135 de la Cámara regional, pero cuentan entre sus filas con tres diputados encarcelados y dos huidos en Bélgica, por lo que aún en el caso de que el Tribunal Supremo permitiera a los políticos encarcelados asistir a la votación, necesitan los cuatro escaños de la CUP para conseguir la mayoría.


Para intentar desbloquear la investidura de Sánchez, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, pidió a Torrent "tiempo suficiente", unas 48 horas, para intentar cerrar un acuerdo con la formación anticapitalista, que pasaría por una propuesta programática con algunos guiños "republicanos" y alejada del modelo autonómico actual.


Torrent también se reunió con los representantes de los partidos constitucionalistas, entre ellos Inés Arrimadas, líder de la formación Ciudadanos, ganadora en número de votos de las pasadas elecciones, quien calificó al presidente del Parlamento catalán de "emisario de Puigdemont", y le conminó a "abandonar esta farsa".


En la misma línea se expresaron el resto de las formaciones a favor de la unidad de España, que consideraron "inviable" la investidura de Sànchez, por estar en prisión y subrayaron la necesidad de proponer a un candidato a presidente que sea "efectivo.


Lo cierto es que Jordi Pina, abogado de Sánchez, anunció hace unos días, en declaraciones a la prensa, que si finalmente su defendido era propuesto como candidato, volvería a pedir al Tribunal Supremo su puesta en libertad.

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Si, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la libertad es denegada, el letrado aseguró que solicitaría un permiso penitenciario para que pudiese asistir a la investidura, aunque después tuviese que volver a la cárcel y ejercer como presidente regional desde la prisión.


En un auto emitido a principios de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la prisión preventiva para Sánchez aludiendo al riesgo de reiteración delictiva, basada en su cargo como diputado por la formación de Carles Puigdemont, quien busca "restablecer" la dinámica política por la que se llegó a la declaración unilateral de independencia.


El Alto Tribunal también determinó "la incapacidad legal prolongada" de Sánchez, entre otros dirigentes soberanistas, "para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña".