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Filipinas exige excluir a la relatora de la ONU para investigar la guerra antidroga

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Filipinas solo aceptará una investigación de la ONU sobre la "guerra contra las drogas" del presidente, Rodrigo Duterte, si se excluye de ella a la actual relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, dijo hoy la Oficina Presidencial.


Filipinas no se opondrá a una investigación sobre la campaña antidroga -a la que se atribuyen más de 7.000 muertos en un año y medio- si la ONU envía un relator "fiable, objetivo e imparcial" que sea además "una autoridad en el ámbito a investigar", anunció en Manila ante los medios Harry Roque, portavoz de Duterte.


"Definitivamente, no Agnès Callamard", sentenció Roque, en referencia a la relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a la que Duterte amenazó el año pasado con "abofetear".


Callamard ha denunciado que en Filipinas se han cometido ejecuciones extrajudiciales en la guerra contra las drogas que lanzó el presidente al inicio de su mandato, en junio de 2016, para cumplir su promesa electoral de limpiar el país de narcotraficantes y drogadictos.


El pasado diciembre el Gobierno filipino consideró las acusaciones de la francesa "conclusiones arbitrarias" y la instó a disculparse.

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El portavoz de Duterte aseguró hoy que "es su culpa (de Callamard) que el Estado (objeto de la investigación) no la quiera".


El primer roce fuerte de la relatora de la ONU con el Gobierno de Manila tuvo lugar en mayo cuando, invitada por un grupo independiente de abogados progresistas de Filipinas, realizó una visita extraoficial al país en la que criticó las ejecuciones extrajudiciales.


Duterte llegó a declarar que "abofetearía" a Callamard si investiga sus métodos para erradicar la droga y el crimen.


El Gobierno pidió entonces a la relatora que no regresara al país sin ser invitada.
Más de 3.900 sospechosos han muerto en redadas de la Policía de la "guerra contra las drogas", según datos oficiales, aunque el número total de muertos se estima superior a 7.000 al sumar las víctimas atribuidas a particulares y patrullas vecinales.


Además de la ONU y la UE, varios países y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado presuntas violaciones de derechos humanos e irregularidades en la campaña de Duterte.