Denuncian la muerte de un abogado opositor y un paramilitar en Nicaragua

  La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, durante las protestas.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, durante las protestas.

La Alianza Cívica de Nicaragua y el Movimiento 19 de Abril informaron hoy que un abogado opositor y un paramilitar murieron anoche en un tiroteo en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.


El abogado Oscar Herrera, asesor legal de la alcaldía de Wiwilí, en el norte de Nicaragua, murió la noche de este domingo frente a un parque de ferias, cuando un paramilitar le disparó en varias ocasiones, según la denuncia.


"Condenamos el vil asesinato de Oscar Herrera (...) perpetrado por un paramilitar orteguista mientras (el abogado) se encontraba en un local frente al parque de ferias de dicho municipio, resultando también este muerto", indicaron la Alianza y el Movimiento 19 de abril.


Las agrupaciones sociales no especificaron quién disparó al paramilitar y la Policía no ha divulgado el caso.

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El suceso fue atribuido a la crisis que vive Nicaragua, y que ha dejado según organismos humanitarios internacionales, entre 322 y 512 muertos, principalmente en protestas contra el presidente Daniel Ortega.


La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.


Ortega reconoce 199 fallecidos y sostiene que todo se debe a un intento de "golpe de Estado".
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, enfrentan continuas protestas desde el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social, que dieron paso a una exigencia de renuncia debido a los centenares de muertos durante las manifestaciones