Comienza el juicio contra el supuesto cómplice del académico Maradiaga en Nicaragua

  Las protestas en Nicaragua han dejado entre 322 y 512 muertos desde abril, según datos de organizaciones humanitarias locales y extranjeras, mientras el Gobierno cifra en 199 los fallecidos.

Las protestas en Nicaragua han dejado entre 322 y 512 muertos desde abril, según datos de organizaciones humanitarias locales y extranjeras, mientras el Gobierno cifra en 199 los fallecidos.

El Gobierno de Nicaragua informó hoy del inicio del juicio contra Cristian Mendoza "El Viper", supuesto cómplice del académico Félix Maradiaga, acusado de terrorismo, narcotráfico, asesinato y otros delitos, en medio de la crisis derivada de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.


El Juez Noveno de Juicio, Edgard Altamirano, abrió la causa contra Mendoza y los jóvenes Alejandro Arauz Cáceres y Emmanuel Antonio Dávila, y en ausencia de Maradiaga, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos.


En el juicio, que fue celebrado a puertas cerradas, Mendoza supuestamente inculpó a Maradiaga y a los disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Hugo Torres y Moisés Hassan, dos de los guerrilleros que comandaron la insurrección que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1979, según la información oficial.


Maradiaga, quien es director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), fue asociado con Mendoza en julio pasado, y luego huyó hacia Estados Unidos, para hacer activismo contra Ortega.

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En septiembre pasado un juez de Managua ordenó la captura del académico, por supuestamente apoyar a "grupos delictivos nacionales e internacionales" mediante la gestión de recursos financieros a través del IEEPP.


Las protestas en Nicaragua han dejado entre 322 y 512 muertos desde abril, según datos de organizaciones humanitarias locales y extranjeras, mientras el Gobierno cifra en 199 los fallecidos.


La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.


Ortega ha negado la responsabilidad y mantiene que se trata de un intento de "golpe de Estado".


Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido a los centenares de muertos durante las manifestaciones.