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Los Solicitantes De Asilo En Estados Unidos De América, Deberán Retornar A México Con Sus Familias

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Estados Unidos de América incluyó a familias completas en el plan de retorno a México de migrantes que esperan su proceso de asilo, incluido en el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), revelaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las autoridades de DHS precisaron durante una conferencia de prensa telefónica que los números crecerán conforme avance la implementación del MPP, que podrá ampliarse a otros puertos de entrada.

En la actualidad, el programa piloto solo se lleva a cabo a través de la garita internacional situada entre San Ysidro (California) y Tijuana (México). 

Uno de los funcionarios que participó en la conferencia confirmó que las familias formarán parte del procedimiento, con la intención de asegurar que se mantendrán juntas durante su proceso migratorio.

En la implementación del programa piloto, México recibirá a diario grupos de aproximadamente 20 migrantes centroamericanos que cumplan con requisitos establecidos anteriormente, tales como ser adultos, no ser menores no acompañados y no tener historial criminal o problemas de salud.

Las personas que regresan a territorio mexicano lo hacen con una fecha para presentarse nuevamente al puerto de entrada y ser trasladadas a su audiencia con un juez de inmigración. También se les entrega información para que puedan ser asesorados por abogados sobre su proceso.

El Gobierno Estadounidense comenzó la aplicación del Protocolo de Protección a Migrantes con el regreso de un hondureño y la presencia en la frontera de California de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El arribo de la funcionaria al puerto de entrada de San Ysidro respondió al inicio de este programa. 

Desde los últimos meses de 2018 han entrado a México unos 11,500 migrantes centroamericanos, principalmente de Guatemala, El Salvador y de Honduras, y últimamente más de 10,000 han solicitado ingresar de manera regular al país vecino a través de una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

 

El presidente Donald Trump acusó a los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador de “animar” la creación de caravanas migrantes porque, a su parecer, esos países de Centroamérica quieren “deshacerse” de algunos de sus ciudadanos siendo esta una de las razones por la cual solicitar asilo es cada vez más complicado en los Estados Unidos de América.

Entre enero y febrero, fueron desestimadas el doble de peticiones de inmigrantes que en el último semestre de 2018. La tendencia ya había empezado antes de que el Departamento de Justicia endureciera a principios de junio las condiciones para poder superar el primer filtro en la petición de asilo.

En un nuevo frente de su cruzada antinmigración, el Gobierno restringió la definición de “miedo creíble” que permite a un indocumentado solicitar protección en Estados Unidos de América. Dos organizaciones sociales interpusieron una demanda contra ese cambio porque consideran que vulnera la Constitución y las leyes internacionales.

Si un indocumentado llega a Estados Unidos de América alegando que ha huido de su país de origen por motivos de seguridad, las autoridades deben entrevistarle para determinar si esa persona tiene un “miedo creíble de persecución”. Si se considera que así es, el inmigrante deja de estar sujeto a una deportación inmediata y se inicia un largo proceso judicial que determinará si se le concede asilo. 

Trump y los partidarios de la mano dura esgrimen que el sistema es demasiado generoso y que muchos de esos inmigrantes no llegan a presentarse a la vista judicial sobre asilo para quedarse viviendo como indocumentados en Estados Unidos de América. Con esa doctrina en mente, el exfiscal general, Jeff Sessions, anunció que desde junio 2018, en general, los casos de violencia doméstica o de pandillas ya no serían motivo para recibir amparo en Estados Unidos de América.

Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia, por lo que Sessions sentó un precedente. Ahora, los solicitantes deben demostrar si el Gobierno de su país puede prevenir o no la violencia que dicen sufrir. 

En el último semestre del 2018, los tribunales determinaron que solo un 14,7% de las peticiones superaban el umbral de “miedo creíble”, según cifras oficiales obtenidas por investigadores de la Universidad de California. La tasa cayó a la mitad respecto a los últimos seis meses de 2017.

Históricamente, un 80% de las peticiones superaba ese primer filtro, pero en los últimos meses solo un 9% de los solicitantes ha acabado recibiendo asilo, según estadísticas citadas por The New York Times.

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Cerca De 400 Inmigrantes Murieron Al Intentar Cruzar La Frontera Sur De Estados Unidos De América

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Cerca de 400 inmigrantes indocumentados murieron al intentar cruzar de manera ilegal la frontera de Estados Unidos de América con México en 2018, según datos de la organización Proyecto Migrantes Perdidos.

Cerca de 400 inmigrantes indocumentados murieron al intentar cruzar de manera ilegal la frontera de Estados Unidos de América con México en 2018, según datos de la organización Proyecto Migrantes Perdidos.

Este grupo, que rastrea las muertes de migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, en rutas migratorias a nivel mundial, contabilizó 376 muertes en la frontera estadounidense, según cifras recogidas hoy por el medio conservador Breibart.

Esta cifra incluye el fallecimiento de 214 hombres, 20 mujeres y 4 niños, a los que hay que sumar 138 restos humanos de los que no pudieron identificar su edad y género.

Las 376 muertes fueron registradas hasta el pasado 21 de diciembre, debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos por la falta de un acuerdo presupuestario, por lo que se espera que puedan aumentar cuando se contabilicen las producidas hasta el día 31 del citado mes.

Según esta organización, de los 376 occisos, 90 se presume que procedían de Sudamérica y el Caribe, 100 de Centroamérica y 2 de Asia, mientras que se desconoce el origen de los 184 restantes.

Breibart indica que 230 de estas muertes se produjeron en la frontera en Texas, de las cuales 48 fueron en el condado de Brooks, situado a 128 kilómetros al norte de la divisoria con México.

La cifra provisional de 2018 podría suponer una reducción con respecto a las registradas en los dos años anteriores, con 415 y 401, respectivamente, aunque sería sensiblemente superior a las de 2015 (339) y 2016 (306).

La investigación de Proyecto Migrantes Perdidos comenzó con la muerte de al menos 368 inmigrantes en octubre de 2013 en dos naufragios cerca de la isla italiana de Lampedusa, indica la organización en su web.

La frontera sur de Estados Unidos ha visto crecer la llegada de inmigrantes indocumentados en los últimos meses y en el pasado año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre de 2018, la cifra fue de 521,090 personas, mientras que en el año fiscal anterior fueron 415.517. 

En octubre y noviembre pasados, últimos dos datos de los que se tienen registro oficial, fueron detenidos en la frontera con México 123,228 migrantes, muchos de ellos unidades familiares y menores no acompañados, lo que supone un notable aumento con respecto a los 73,992 de los dos meses homólogos de 2017.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), Kevin McAleenan, aseguró a la prensa que el incremente de la llegada de familias de migrantes está creando una “crisis sin precedentes”.

Aseguró que muchos de los indocumentados llegan al país enfermos de dolencias como gripe, neumonía o tuberculosis, lo que obligó a hospitalizar a seis niños y once adultos.

En el pasado día de Nochebuena, un niño guatemalteco de ocho años murió en un hospital del estado de Nuevo México tras haber estado bajo supervisión de la Patrulla Fronteriza durante más de una semana.

Fue el segundo niño que murió en el mes de diciembre bajo custodia de las autoridades estadounidenses, después de que el día 8 una guatemalteca de 7 años perdiese la vida en un hospital de Texas después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México junto a su padre.

El pasado 19 de diciembre, Trump ya había asegurado que México está pagando “indirectamente” por el muro fronterizo a través del acuerdo T-MEC alcanzado con México y Canadá y que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“México está pagando por el muro a través del nuevo acuerdo comercial T-MEC. Gran parte del muro ya ha sido completamente renovado o construido. Hemos hecho mucho trabajo”, dijo el gobernante en su cuenta oficial de Twitter.

Recientemente en un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario reveló los detalles de un plan para resolver lo que él denomina “crisis” en la frontera sur de los Estados Unidos de América.

Trump, ofreció a los demócratas extender dos programas migratorios cancelados por él mismo, DACA, que contempla “tres años de alivio legislativo para 700,000 soñadores” y ampliar el tiempo a los afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes; a cambio de financiación para el muro en la frontera con México, aunque la oposición rechazó completamente la propuesta.

 La construcción del muro a lo largo de más de 3,000 kilómetros de frontera fue la promesa estrella de Trump durante la campaña electoral de 2016, pero tras su llegada a la Casa Blanca el Congreso solo ha aprobado partidas para pequeños tramos.

En repetidas ocasiones, Trump ha insistido en que México pagará por el muro, algo que rechaza rotundamente el Ejecutivo mexicano. 

Trump no explicó en su tuit el procedimiento concreto por el que México pudiera estar pagando la construcción del muro fronterizo a través de este acuerdo comercial. En su mensaje, sin embargo, el presidente aseguró que los 5,600 millones de dólares de dotación para financiar la construcción del muro que incluye el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, supone “muy poco en comparación con los beneficios” que aportará a la Seguridad Nacional. “¡Resultados rápidos!”, agregó.

Trump ha insistido en la necesidad de erigir el muro debido a los tremendos peligros que para él entraña la frontera con México, incluidos la entrada de drogas y de peligrosos delincuentes.

En medio de este panorama, Trump también ha hablado de la posibilidad de declarar la emergencia nacional como una vía para facilitar la construcción del muro y ha anticipado que evalúan erigir una barrera de acero, en lugar de concreto, más difícil de saltar y que se fabricaría en Estados Unidos de América, para desanimar a los indocumentados cruzar ilegalmente la frontera y evitar más muertes.ente superior a las de 2015 (339) y 2016 (306). 

La investigación de Proyecto Migrantes Perdidos comenzó con la muerte de al menos 368 inmigrantes en octubre de 2013 en dos naufragios cerca de la isla italiana de Lampedusa, indica la organización en su web.

La frontera sur de Estados Unidos ha visto crecer la llegada de inmigrantes indocumentados en los últimos meses y en el pasado año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre de 2018, la cifra fue de 521,090 personas, mientras que en el año fiscal anterior fueron 415.517.

En octubre y noviembre pasados, últimos dos datos de los que se tienen registro oficial, fueron detenidos en la frontera con México 123,228 migrantes, muchos de ellos unidades familiares y menores no acompañados, lo que supone un notable aumento con respecto a los 73,992 de los dos meses homólogos de 2017. 

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), Kevin McAleenan, aseguró a la prensa que el incremente de la llegada de familias de migrantes está creando una “crisis sin precedentes”. 

Aseguró que muchos de los indocumentados llegan al país enfermos de dolencias como gripe, neumonía o tuberculosis, lo que obligó a hospitalizar a seis niños y once adultos.

En el pasado día de Nochebuena, un niño guatemalteco de ocho años murió en un hospital del estado de Nuevo México tras haber estado bajo supervisión de la Patrulla Fronteriza durante más de una semana.

Fue el segundo niño que murió en el mes de diciembre bajo custodia de las autoridades estadounidenses, después de que el día 8 una guatemalteca de 7 años perdiese la vida en un hospital de Texas después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México junto a su padre. 

El pasado 19 de diciembre, Trump ya había asegurado que México está pagando “indirectamente” por el muro fronterizo a través del acuerdo T-MEC alcanzado con México y Canadá y que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“México está pagando por el muro a través del nuevo acuerdo comercial T-MEC. Gran parte del muro ya ha sido completamente renovado o construido. Hemos hecho mucho trabajo”, dijo el gobernante en su cuenta oficial de Twitter.

Recientemente en un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario reveló los detalles de un plan para resolver lo que él denomina “crisis” en la frontera sur de los Estados Unidos de América.

Trump, ofreció a los demócratas extender dos programas migratorios cancelados por él mismo, DACA, que contempla “tres años de alivio legislativo para 700,000 soñadores” y ampliar el tiempo a los afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes; a cambio de financiación para el muro en la frontera con México, aunque la oposición rechazó completamente la propuesta.

La construcción del muro a lo largo de más de 3,000 kilómetros de frontera fue la promesa estrella de Trump durante la campaña electoral de 2016, pero tras su llegada a la Casa Blanca el Congreso solo ha aprobado partidas para pequeños tramos. 

En repetidas ocasiones, Trump ha insistido en que México pagará por el muro, algo que rechaza rotundamente el Ejecutivo mexicano.

Trump no explicó en su tuit el procedimiento concreto por el que México pudiera estar pagando la construcción del muro fronterizo a través de este acuerdo comercial. En su mensaje, sin embargo, el presidente aseguró que los 5,600 millones de dólares de dotación para financiar la construcción del muro que incluye el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, supone “muy poco en comparación con los beneficios” que aportará a la Seguridad Nacional. “¡Resultados rápidos!”, agregó. 

Trump ha insistido en la necesidad de erigir el muro debido a los tremendos peligros que para él entraña la frontera con México, incluidos la entrada de drogas y de peligrosos delincuentes.

En medio de este panorama, Trump también ha hablado de la posibilidad de declarar la emergencia nacional como una vía para facilitar la construcción del muro y ha anticipado que evalúan erigir una barrera de acero, en lugar de concreto, más difícil de saltar y que se fabricaría en Estados Unidos de América, para desanimar a los indocumentados cruzar ilegalmente la frontera y evitar más muertes.

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Abogados Estadounidenses De Inmigración Creen Que Migrantes Tienen Motivos Para Lograr El Asilo En Estados Unidos De América

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Abogados estadounidenses que ayudan a los centroamericanos de la caravana de migrantes llegados a Tijuana (México) en su intento de lograr el asilo en Estados Unidos de América creen que tienen motivos para ganar sus casos, aunque advierten que con el Gobierno del presidente Donald Trump no será fácil.

Gilbert Saucedo, copresidente de la sección de Los Ángeles del Gremio Nacional de Abogados (NLG-LA), explicó a Efe que la gran mayoría de las personas con las que habló en un recorrido que hizo por uno de los albergues instalados en Tijuana cuenta con un caso creíble para recibir asilo.

 “De la gente con la que hablé pareciera que un 70% de ellos tendría una solicitud legítima, pero lo triste es que quizá eso no se vea traducido en obtener asilo, primordialmente por el sentimiento antiinmigrante dentro de la Administración del presidente Trump”, señaló en San Diego (California).

“Mi impresión es que están buscando razones para descalificarlos sin poder entender de la situación que están sufriendo, en lugar de aprobar sus solicitudes de forma objetiva”, lamentó sobre una situación que calificó de “crisis humanitaria”. 

En el año fiscal 2017, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió 78.564 solicitudes de asilo, de las cuales, se determinó que 60.566 individuos tenían un “miedo creíble” de regresar a sus países de origen, lo que los hace elegibles para asilo político. 

Pero las opciones de éxito se redujeron notablemente después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informase en junio pasado de que “en general” ya no son elegibles para el asilo las víctimas de violencia doméstica o de pandillas y abuso sexual, principales argumentos esgrimidos por los migrantes centroamericanos, decisión que  desató fuertes criticas entre jueces, exmagistrados y abogados de inmigración. 

De esta forma, quieren acabar con el, “abuso” (según Trump) al que se veía sometido el sistema de asilo, al que, bajo la actual legislación, pueden acogerse aquellos que prueban que son perseguidos en sus países por raza, religión, nacionalidad, preferencia política o pertenecer a un particular grupo social. 

El año fiscal 2018, que concluyó el 30 de septiembre pasado, batió récords en el número de decisiones de los jueces de inmigración sobre asilo, según datos que la Universidad de California.

En el 65 % de estas decisiones se denegó el asilo, por lo que se sigue una tendencia por la cual las tasas de rechazo han aumentado por sexto año consecutivo.

Las tasas de negación de asilo aumentaron durante los primeros meses de la Administración Trump en 2017 y luego se estabilizaron, pero volvieron a crecer después de que el Gobierno restringiera en junio pasado los motivos por los cuales los jueces de inmigración podían otorgar asilo. 

Esta nueva interpretación legal se suma a la proclamación presidencial emitida por Trump y paralizada por un juez federal, por la que se quería restringir la petición de asilo a aquellos que entrasen al país legalmente por los puertos de entrada, lo que genera grandes esperas.

Esa lista de espera para ser recibidos por autoridades estadounidenses es otro de los factores que se han encontrado los miles de inmigrantes de la caravana de migrantes llegados a la frontera sur del país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó a Efe que podrían pasar entre 5 y 8 semanas antes de empezar a atender a los más de 6,000 inmigrantes que aguardan en Tijuana y otros 3.000 más en la vecina Mexicali, aunque la cifra podría subir con el arribo de otros grupos de la caravana. 

El Foro Nacional de Inmigración (NIF) estima que cada día se procesan entre 40 y 100 solicitudes, por lo que atender a todos ellos podría llevar meses y agrega que “Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países representados en esta caravana, tienen una de las tasas más altas de negación de asilo en Estados Unidos de América”.

 

Esto hace suponer que la estrategia del Gobierno de Trump es hacer tan larga la espera que muchos inmigrantes opten por regresar a casa, coinciden abogados y activistas. 

“Por todo lo que he visto parece que eso está sucediendo, ellos deberían procesar a las personas más rápido, recibirlos y ponerlos en centros de detención para esperar sus casos”, consideró Saucedo, quien criticó que, en lugar de adoptar esta estrategia, se haya invertido en mandar 5,600 soldados del Ejército a la frontera. 

Enrique Morones, director del grupo rescatista Ángeles de la Frontera, piensa que si bien muchos estarán dispuestos a esperar meses también hay quienes se pueden desesperar y buscar el cruzar la frontera a toda costa, incluido por zonas remotas.

 “Yo les he recomendado, con todo mi corazón, que ni vayan por allá, es muy peligroso”, concluyó el director.

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Demandan al Gobierno de Trump por Detener a Niños Migrantes Demasiado Tiempo

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Una asociación de defensa de los derechos civiles presentó una nueva demanda federal contra la Administración del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, por retener a niños inmigrantes detenidos durante demasiado tiempo, poniéndolos a su juicio en riesgo psicológico.

El Sindicato de Libertades Civiles de California defiende a seis adolescentes, cuatro de los cuales ya se encuentran en el estado y que fueron enviados a refugios de acogida después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, a la espera de ser enviados con sus padres o familiares al comenzar el proceso judicial, informan medios locales.

Sin embargo, el sindicato denuncia que los niños siguen detenidos ya que ahora el proceso requiere para su liberación las huellas digitales de sus padres y familiares, lo que “extiende durante semanas e incluso meses” la causa judicial, asegura la abogada de la asociación, Paige Austin.

Como los datos de las huellas digitales pueden ser compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional, los familiares indocumentados de estos niños temen posibles represalias.

Esta dilación de los tiempos judiciales ha provocado que el número de niños bajo tutela federal haya ascendido un aproximado de 13,000 desde que el Gobierno comenzara a requerir estos chequeos más rigurosos la pasada primavera, algo que la administración considera necesario para evitar que los niños caigan en manos de traficantes.

La demanda asegura que los niños retenidos durante largos periodos de tiempo en dependencias de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sufren episodios de ansiedad, indefensión, depresión e incluso intentos de suicidio, todo ello empeorado porque la mayoría de ellos “han sobrevivido a hechos traumáticos como violaciones, persecución, asalto o tortura”. 

Una de las demandantes es una niña salvadoreña detenida en Texas cuya madre, Norma Duchitanga, también es parte del caso. “Las citas para la toma de huellas se retrasaron mucho. Iba a tardar uno o dos meses en conseguir una cita aquí en Texas”, asegura en declaraciones esta residente desde hace 15 años en el país, que finalmente tuvo que acudir a Filadelfia para adelantar el proceso.

“Tiene miedo de que la manden de vuelta, de que la metan en la cárcel. Eso es lo que teme. No quiero que sufra. Ya ha sufrido bastante desde que me vine a Estados Unidos y la dejé para darle una vida mejor”, explica Norma.

Y es que la crisis migratoria de centroamericanos asiste a una nueva fase del éxodo de sus habitantes, que tienen décadas huyendo de la violencia y la pobreza que abate a la región como resultado de malos gobiernos y de la influencia de Estados Unidos, dijeron analistas y políticos a Efe. 

Ahora mismo miles de migrantes en caravanas conformadas en su mayoría por hondureños pero que también incluyen a salvadoreños y guatemaltecos, los habitantes del conflicto Triángulo Norte, avanzan hacia Estados Unidos de América cruzando estos países y México.

Las imágenes son impactantes: filas de personas a pie, con niños de hasta días de nacidos, avanzando por carreteras -a veces ayudados por camioneros y otros conductores- cruzando ríos y hasta enfrentándose a la policía, como ocurrió en una zona de la frontera entre Guatemala y México con saldo de un muerto y varios heridos.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Costa Rica, Abelardo Morales, dijo a Efe que se está frente a un “cambio de modalidad” en la migración centroamericana, tras décadas de haberse hecho a la sombra. 

“En todo este tiempo los migrantes eran los invisibles de la globalización como una estrategia de sobrevivencia para hacerle frente a los peligros de la ruta”, pero las caravanas han tenido un “efecto demostrativo de que sí es posible” migrar ante el empeoramiento de la situación en sus países, afirmó el experto. 

Los testimonios de los migrantes dejan claro que huyen del desempleo, la violencia y la extorsión de las mortíferas pandillas, una especie de ejército irregular que actúan a sus anchas en vastos territorios de los países del Triángulo Norte, con cifras de víctimas similares a las de una guerra civil.

El istmo es también utilizado por el narcotráfico internacional como puente de la droga que se produce en Suramérica y se dirige al mayor mercado de consumo del mundo, Estados Unidos, dejando a su paso una estela de corrupción y muerte.

“Las caravanas están poniendo en evidencia la lógica perversa de una migración muy deshumanizada”, añadió el investigador de Flacso, que recordó que los migrantes con sus millonarias remesas, casi todas procedentes de los Estados Unidos de América son un soporte vital para las economías centroamericanas y “un negocio” para grupos de poder económico.

Las remesas representaron en el 2017 alrededor del 17 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Honduras y El Salvador, y el 10 por ciento del de Guatemala, de acuerdo con las cifras oficiales.

Los gobiernos de los países del Triángulo Norte idearon hace cerca de un lustro el llamado Plan Alianza para la Prosperidad, con el auspicio de Estados Unidos, cuyo principal objetivo era mejorar las condiciones sociales en la región para desalentar la migración.

Para el diputado de la exguerrilla y ahora partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Walter Félix, Estados Unidos tiene “su cuota de responsabilidad” en el fenómeno de las caravanas de migrantes, porque “son una expresión del fracaso de las políticas neoliberales que ha impulsado” ese país en la región, en la que además ha intervenido política y hasta poco incluso militarmente. 

La Alianza de la Prosperidad “no ha generado ninguna prosperidad”, y “la cara del fracaso” son “esas medidas” que ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, como reducir la cooperación con la región o dificultar la entrada y permanencia legal de los migrantes en ese país, dijo el diputado a Efe.

El Gobierno de Honduras, que asegura que la situación del país ha mejorado en los últimos años aunque reconociendo que queda mucho por hacer, ha culpado a la oposición política de alentar la caravana que prendió la mecha el pasado octubre, e incluso ha denunciado la supuesta intervención del Gobierno de Venezuela. 

Pero más allá de las razones políticas o sociales que iniciaron las caravanas, lo cierto es que el tema de la migración centroamericana ha sido y seguirá sirviendo de combustible para el presidente Trump en todas sus campañas políticas.

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El Incesante Drama Migratorio En La Frontera De Estados Unidos De América Con México

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El incesante aumento del número de familias que pretenden pasar de México a Estados Unidos de América entrando por el Valle de Río Grande ha alcanzado el pasado septiembre la cifra más alta de la historia, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de la restitución los juicios penales por entrada ilegal sin excepciones y otras modificaciones legales que tiene previsto acometer el Gobierno de Trump.  

En McAllen, Texas, al lado de la frontera de Estados Unidos de América con México, la radio del agente Rodríguez, de la Patrulla Fronteriza estadounidense, no da abasto con los reportes de inmigrantes interceptados: dos jóvenes hermanos nicaragüenses; un grupo que ha saltado la valla y se oculta en los ranchos; varias familias centroamericanas con niños intentando cruzar el Río Grande en una balsa. 

Es el día a día de los algo más de 3.000 agentes destacados para vigilar la frontera en el concurrido Valle de Río Grande, donde cada uno de ellos intercepta tres veces más inmigrantes que la media nacional, y tres de cada cuatro interceptados en los últimos meses son mujeres y niños centroamericanos.

“El número de unidades familiares a lo largo de la frontera sur ha aumentado un 38 por ciento, han sido 3.500 inmigrantes más que en julio y la cifra más alta de la historia”, aseguraba Tyler Houlton, el secretario de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al anunciar las estadísticas de septiembre de 2018. 

La gran mayoría de estas unidades familiares están entrando por el Valle de Río Grande. “La mitad de los que encontramos son familias y niños no acompañados que buscan a un agente para entregarse y solicitar asilo”, explica el agente González mientras muestra las huellas de niños y adultos en el camino cercano al río. 

“La otra mitad son los que intentan eludirnos”, agrega en referencia a los que ocultan su rastro y forman parte del objetivo principal de control fronterizo de los agentes.

La Patrulla Fronteriza los clasifica internamente como “no impactables” que son las unidades familiares, menores no acompañados y otros inmigrantes no mexicanos en busca de asilo; e “impactables” que son traficantes, criminales y los que intentan eludir a la autoridad.

Las recientes iniciativas de control fronterizo del Gobierno del presidente Donald Trump, como la tolerancia cero con la que se pretende juzgar penalmente por entrada ilegal a todos los adultos sin excepciones, han provocado numerosas separaciones de padres e hijos, y ha concentrado la atención y muchos de los recursos públicos en los “no impactables”.

“Nuestro sistema no se diseñó para procesar miles de nuevas peticiones de asilo cada mes de personas que cruzan ilegalmente la frontera. Pero está ocurriendo y está abrumando el sistema”, se quejó esta semana el fiscal general, Jeff Sessions, en una ceremonia de nombramiento de 44 nuevos jueces de inmigración, muchos de ellos destacados en centros de detención y juzgados del Valle de Río Grande.

El retraso en los tribunales de inmigración de Texas ha aumentado un 20 por ciento durante el último año. La Guardia Nacional del estado está asignando abogados militares a las fiscalías federales encargadas de delitos migratorios, personal para apoyar logísticamente a la Patrulla Fronteriza y más de una decena de aeronaves de vigilancia.

Frente a estas medidas y los numerosos recursos asignados a la frontera por los alguaciles federales (US Marshall Service), encargados del transporte y la custodia de presos federales, y la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la afluencia de “no impactables” sigue en aumento, mientras se reduce la proporción de “impactables” interceptados. 

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la que forma parte la Patrulla Fronteriza, la cifra de inmigrantes delincuentes (con condenas pendientes o buscados por la ley) detectados cerca de la frontera y en los puertos de entrada se ha reducido más de un tercio en los dos últimos años. 

La mitad de los algo más de 6,000 delincuentes interceptados por la Patrulla Fronteriza en todo el país entre octubre de 2017 y agosto de 2018, que equivalen a uno de cada 10,000 inmigrantes detectados, estaban condenados por delitos migratorios, y tres habían cometido homicidio.

“La tolerancia cero era y es necesaria para combatir décadas de políticas que no han aplicado la ley y han reforzado a las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes de personas”, declaraba en julio ante el Senado Carla Provost, la jefa en funciones de la Patrulla Fronteriza, acerca de la intención del Gobierno estadounidense de recuperar una política que convertiría a todos los adultos interceptados, incluso las madres y los padres acompañados por sus hijos, en “impactables”.

Dentro de su política de control migratorio, además de reinstituir los juicios penales por entrada ilegal sin excepciones, el Gobierno de Trump tiene previsto modificar los criterios para la certificación del miedo creíble que los inmigrantes alegan para evitar regresar a sus países, el primer filtro para los solicitantes de asilo, que siguen superando nueve de cada diez de ellos, según las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de las entrevistas a los recién llegados.

Otra medida propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que engloba a CBP, ICE y USCIS, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable de la custodia de los inmigrantes menores de edad, es la expansión de la detención de los niños y las familias interceptadas, considerada “abominable” por las organizaciones de defensa de los inmigrantes.

“Hay alternativas muchos menos costosas y mucho más humanas que detener a los niños y a las familias”, afirmó Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal.

Los miembros del Gobierno entrante en México, país que colaboró intensamente con la Administración de Obama en el control de los flujos migratorios desde América Central, hasta la llegada de Donald Trump a la Presidencia, coinciden con la “humanización” del trato a los inmigrantes centroamericanos.

 

“No se ha puesto en la mesa que México sea la policía de Estados Unidos”, ha señalado acerca de las conversaciones sobre inmigración entre los dos países Olga Sánchez Cordero, la próxima Secretaria de Gobernación, que también ha anunciado “una política más humana con los inmigrantes”.

Mientras los dos gobiernos vecinos anuncian medidas y políticas migratorias aparentemente incompatibles, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle de Río Grande y la Policía Federal mexicana siguen cultivando su colaboración a ambos lados de la frontera.

“Las patrullas bilaterales ayudan a identificar los cruces y las rutas de acceso que emplean los traficantes”, comentó el agente Rodríguez, que hace hincapié en que esta colaboración ha afectado a la capacidad de los grupos criminales que operan al sur del Valle de Río Grande.

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Estados Unidos, “Es Más Difícil Todavía” Para Los Mexicanos

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La inmigración es una de las constantes que enfrenta a los pueblos. Los países más ricos, que acogen la migración de los más pobres, temen los efectos de ésta en sus propias tierras y alientan algunas de las propuestas civiles como la de los “Minutemen”.        

Estados Unidos tiene miedo de la ingente ola migratoria mexicana. Norteamérica sigue siendo la “tierra prometida” de muchos mexicanos que recalan en el país vecino para sustentar a las familias. 

De hecho, los controles o las propuestas de vigilancia aduanera son cada vez más férreos y sospechosos de discriminación. De este modo, organizaciones como “Norteamericanos por la Democracia” o “Mujeres Migrantes de Aztlán” han denunciado que las autoridades migratorias norteamericanas están deportando a mexicanos mucho más rápido que inmigrates de otras nacionalidades y sin permitirles despedirse de sus familiares desmembrando a las familias que han infringido la ley. 

Según cálculos oficiales, en Estados Unidos de América residen más de treinta millones de mexicanos y la mitad de ellos son indocumentados, siendo estos el grupo de hispanos más grande en el país, seguido de puertorriqueños y salvadoreños.

La emigración azteca es una de las “espinas clavadas” que separa a estadounidenses y mexicanos. Cada uno tiene su propia perspectiva.

Por ello, artistas plásticos y de vídeo, escultores y caricaturistas mexicanos están presentando por todo el mundo exposiciones en las que reflexionaban sobre el coste de la pobreza y la inmigración, entre otras cosas.

“En el fondo nuestro trabajo es una crítica a la condición humana y un grito de repudio contra la pobreza y contra otra forma de guerra silenciosa: la que padecen millones de emigrantes en Estados Unidos, quienes son maltratados y menospreciados por ese país”, añadía uno de los responsables de la exhibición.  

Una de las piezas fue un vídeo titulado “Hey Mr. Trump”, en el que un artista interroga al visitante: “¿Cuántas balas de goma paran a un emigrante?.  

El Congreso de México ha expresado su rechazo enérgico a las medidas contra los inmigrantes indocumentados aprobadas por el gobierno de Donald Trump y demanda un trato digno a los mexicanos radicados en ese país.  

La controvertida medida se basa aplicación de la política de “tolerancia cero” desarrollada por el presidente Trump y que promueve controles más estrictos de la inmigración además de separar a los hijos menores de quienes intentan entrar de forma ilegal a Estados Unidos.

Y es que el Departamento de Justicia de ese país trata desde abril pasado a los indocumentados que intentan ingresar a territorio estadounidense como autores de un delito por el que deben ser juzgados, lo que implica que pierden la custodia de sus hijos.

La misma ley aprobaba fondos para que se complete la construcción de un muro en la frontera con México, a fin de detener el flujo de inmigrantes indocumentados. 

Legisladores estadounidenses desmintieron que apoyen nuevamente el envío de miles de soldados a la frontera con México para detener la inmigración ilegal, como informó la prensa.

El republicano Paul Ryan, que preside el Grupo Legislativo para la Reforma Migratoria, explicó en un comunicado que el documento en el que se basan las informaciones de prensa es un “informe interno” sobre las operaciones del “Proyecto Minuteman” en Arizona y California el mes pasado.  

“Este informe preliminar no representa plenamente los puntos de vista de los miembros del grupo”. El informe “solo recoge el viaje que hicieron varios asistentes para observar las operaciones” de los voluntarios civiles del citado proyecto, que patrullaron la frontera entre Arizona y México, agrega.

Citando ese informe interno, el diario “The Washington Times” indicó que los 71 legisladores integrantes del grupo que preside Ryan propondrán el envío de mós soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México para detener el flujo ilegal de extranjeros en Estados Unidos.

Mientras, el diario “Washington Post” señaló que los problemas tecnológicos han limitado la eficacia de un costoso programa para la investigación de identidades y antecedentes de extranjeros que desean viajar a Estados Unidos.

En el comunicado, Ryan señaló que el informe hace notar que la fuerte presencia de los voluntarios tuvo un efecto disuasorio para reducir la inmigración ilegal en las zonas, lo que apunta a que el Gobierno debe dedicar más recursos a la defensa de las fronteras. 

Consultado por EFE, el portavoz de Ryan, indicó que “obviamente algunos miembros del grupo estarán de acuerdo parcial o totalmente con el informe preliminar, pero el conjunto no lo apoya”, agregó.

Paul Ryan, en calidad de Presidente de la Cámara de Representantes viajó a la zona patrullada por los “Minuteman” y posteriormente destacó “que si este grupo logró disuadir la inmigración ilegal en tan breve período, más lograría el Gobierno Federal si designara sustanciales recursos a la región fronteriza”.

Basado en el informe de Ryan, el Presidente Trump se reunirá nuevamente con líderes republicanos de la Cámara Baja para discutir estrategias en torno a las dos medidas conservadores que, con mínima diferencia, se ciñen a los “cuatro pilares” de su plan migratorio, incluyendo la construcción de un muro fronterizo, el cumplimiento de las leyes al interior del país, restricciones al proceso de asilo, y una reducción en la inmigración legal.

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Grupo Civil De Estados Unidos De América Presenta Sistema Para Vigilar La Frontera Con Sensores

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Un grupo civil que vigila la frontera sur de Estados Unidos de América con México hizo una demostración de una tecnología con potentes sensores que detectan tanto el cruce de inmigrantes indocumentados como el vuelo de pequeños drones, ademas de distinguir entre personas, vehículos y aviones

“El sistema SEIDARM-MAUI está basado en el uso de sensores de movimiento y de sonido, alimentados de energía solar que se colocan en puntos estratégicos en la frontera. Puede detectar gente caminado, vehículos, aviones no tripulados e inclusive pequeños drones”, explicó a Efe Glenn Spencer, fundador del grupo American Border Patrol.

El uso de sensores no es algo nuevo, ya que actualmente son utilizados en algunas regiones por la Patrulla Fronteriza, pero, de acuerdo a Spencer, un sensor convencional actualmente detecta movimiento a una distancia máxima de 9 a 12 metros, mientras que el suyo lo hace hasta 121 metros ya que el sistema está enterrado.

“Esto nos podría ayudar a detectar personas que estén tratando de cruzar la frontera”, aseguró el fundador del grupo, quien es también uno de los inventores de esta tecnología que actualmente está a prueba en su propio rancho en la fronteriza población de Hereford, donde se hizo la demostración.

En julio pasado, 34.114 indocumentados intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos de América de manera irregular, según datos facilitados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Este sensor es capaz de detectar, aseguran, el sonido de aviones no tripulados o drones que pudieran ser utilizados por narcotraficantes para “vigilar” las actividades de la Patrulla Fronteriza.

“Esto no solo nos permitirá detectar el drón, sino inclusive el lugar donde se encuentra la persona que opera el mismo”, aseguró Spencer sobre una tecnología que les ha llevado más de seis años de trabajo.

En la demostración estuvieron presentes varios aspirantes a representar a California, Arizona y Nuevo México en el Senado federal después de las próximas elecciones de noviembre, junto con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, Kirstjen Nielsen.

Por su parte, las autoridades estadounidenses atribuyeron el fuerte descenso en el número de detenciones en la frontera sur del país, que en junio se redujo en un 18 % con respecto a mayo, a la política de “tolerancia cero” del Gobierno del presidente Donald Trump hacía los inmigrantes irregulares.

Durante el pasado junio se produjeron 34.114 detenciones, lo que supone un dato notablemente menor al registrado en mayo, cuando fueron arrestadas 40.338 personas, de acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el informe mensual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“A raíz de la implantación de la política de ‘tolerancia cero’ de la Administración, los datos migratorios de la frontera sur se han reducido un 18% en comparación con el mes anterior”, celebró el DHS en un comunicado.

Esta política ha sido ampliamente criticada por numerosos sectores del país por implicar la separación de los menores de sus padres, lo que ha generado una gran controversia que ha llevado a los demócratas, entre otros, a exigir al presidente Trump que ponga fin a esta medida, sin embargo, la Casa Blanca alega que no hace sino aplicar las leyes de manera estricta e insiste en que es el Congreso el que debe cambiar la legislación migratoria para acabar con esta situación.

“El DHS seguirá aplicando las leyes y haciendo valer la legislación migratoria de nuestra nación aprobada por el Congreso (...). Seguimos instando al Congreso a que haga frente a la crisis fronteriza y acabe con los vacíos legales que provocan la inmigración ilegal”, agregó la institución en su comunicado.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno es que durante la anterior Administración del presiente Barack Obama también existían centros de acogida en los que permanecían los menores hasta que se les encontraba un tutor adecuado que se hiciera responsable de ellos.

Los expertos, no obstante, denuncian que la principal diferencia entre ambos Ejecutivos es que antes de la llegada de Trump al poder los menores que acababan en centros de acogida eran sólo aquellos que habían ingresado solos en el país.

En este sentido, cabe señalar que el número de menores detenidos en junio al entrar solos en el país fue de 5.115, frente a los 6.388 del mes de mayo. La mayoría de estos menores procedía de Guatemala (17.649), seguidos de Honduras (7.780), México (7.682) y El Salvador (3.279). En cuanto a aprehensiones de familias, el mes pasado fue de 9.449, un dato que apenas varía con respecto al mes anterior, cuando fueron 9.485.

El propio secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Alex Azar, también defendió la efectividad de la política de “tolerancia cero”, así como el uso de tecnologías para detectar el cruce de inmigrantes e insistió en que los migrantes deben acceder al país por los puestos de entrada legal.

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Los inmigrantes levantan su voz en los Estados Unidos de América

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Miles de inmigrantes en los Estados Unidos de América se han echado a las carreteras para reclamar la legalización de los indocumentados. Inspirados en el movimiento por los derechos civiles, que en los sesenta se alzó contra la segregación racial en Estados Unidos de América con Martin Luther King como líder; este colectivo quiere hacerse oír.

De nueve a once millones de inmigrantes trabajan en Estados Unidos de América al margen de la ley y con la sensación de ser perseguidos, por la política antiinmigrante de Trump y más aún después de retomar las severas medidas de seguridad aplicadas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Según cifras oficiales, el 12,4 por ciento de la fuerza laboral del país está formada por inmigrantes, de los cuales el 43 por ciento reciben salarios inferiores a los del resto de la población.

La crisis económica que atraviesa Estados Unidos de América, con un 6,1 por ciento de tasa de desempleo y la pérdida de casi tres millones de puestos de trabajo en los últimos tres años, no favorece al inmigrante que se ve acosado por los bajos salarios y el temor a ser deportado.

La legalización de los indocumentados, unificación familiar y mejoras en las protecciones laborales para los inmigrantes son algunas de las peticiones de la denominada Marcha de la Libertad de los Trabajadores Inmigrantes que ha recorrido desde varias ciudades del país hasta llegar a la Casa Blanca en Washington.

“Reclamamos la legalización y una senda hacia la obtención de la ciudadanía, una aceleración de las reunificaciones familiares, y la aplicación de las leyes laborales para todos los trabajadores, sea cual sea su estatus de inmigración”, manifestó Frank Sharri, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

Las caravanas con los inmigrantes partieron desde Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Minneapolis, Chicago, Boston y Miami, entre otras. Son casi 900 activistas que viajan en autobuses y que han recorrido más 30.000 kilómetros a través de 42 estados con rumbo a Washington.

“Este país verá el rostro verdadero de la nación”, dijo Raúl Grijalva, legislador demócrata por Arizona. Un rostro que se ha puesto al descubierto en cada una de las ciudades de donde partieron sus representantes congregándose más de 100.000 personas para despedirlos.

Dennis Rivera, presidente de la unión 1199 -la más poderosa en el área de la salud -, dijo que la marcha “ha servido para celebrar la contribución de los inmigrantes a nuestra sociedad, es parte de nuestra lucha para elevar el problema político que tienen en este país. Y lo más importante, el reconocimiento de la contribución que hacen al bienestar de esta sociedad”, argumentó.

“Vemos a diario la explotación de los trabajadores. Muchas veces hablo en el trabajo con quienes van a llevarnos comida y al preguntarles cuánto ganan, dicen que trabajan 12 y 14 horas al día por 3 ó 4 dólares la hora”, agregó.

“Trabajar y trabajar, ganando un sueldo que apenas nos da para vivir. Contribuimos con la economía de este país y ¿qué recibimos a cambio?... ¡rechazo!”, manifestó Francisca Cortez, trabajadora agrícola mexicana.

O como afirma Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU), Región Oeste: “(El viaje es) para recordar (al Gobierno federal) que tiene una deuda con la gente que limpia los edificios y ayuda a criar a los niños de América”.

“Todos somos seres humanos y esto sirve para dar a conocer al gobierno que nosotros también formamos parte de este país y que movilizamos la economía con nuestra fuerza laboral”, indicó Cecilia Osorio, del sindicato Trabajadores Comerciales y de Alimentos Unidos (UFCW).

El sindicato federal de trabajadores de Estados Unidos (AFL-CIO), el más poderoso del país, tomó la decisión de apoyar la amnistía y ha estado presionando intensamente en el Congreso para lograr esa meta.

Aparte de la AFL-CIO, la marcha es apoyada por cerca de 150 organizaciones comunitarias, jurídicas y de derechos civiles, así como instituciones religiosas y asociaciones estudiantiles.

Al comienzo del Gobierno de George W. Bush, en enero de 2001, había un consenso sobre la necesidad de una reforma para regularizar la situación de los inmigrantes, pero los atentados del 11 de septiembre cambiaron los objetivos del gobierno estadounidense.

A juicio del legislador Grijalva,
“después de los ataques terroristas de septiembre de 2001 se nos dijo que no era el momento propicio para hablar en defensa de los inmigrantes, que en realidad había un sentimiento contra los inmigrantes, una suspicacia y desconfianza hacia los extranjeros”.

A casi 17 años de los atentados terroristas, los grupos pro-inmigración organizaron esta marcha nacional para volver a poner en la agenda nacional del debate político la necesidad de reformar todas las leyes migratorias.

“Pero, precisamente por eso, ahora es el momento para unirnos, para que levantemos nuestra voz, para que marchemos. Ahora tenemos que mostrar a los políticos la fuerza de los inmigrantes, sean latinos, asiáticos, africanos, de donde sean”, afirmó el representante de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos de América.

La elección del momento no es casual: por un lado, la marcha se ha hecho después de un tiempo considerable de los atentados terroristas que pusieron a los Estados Unidos de América la defensiva y por otro, ya pasó un año después de la elección de Donald J. Trump como presidente de los Estados Unidos de América, el candidato que presentó a los inmigrantes y a los mexicanos como delincuentes y narcotraficantes y que inició su gobierno dictando memorandos que implementaban cambios administrativos en políticas de arresto y deportación, ademas de eliminar beneficios migratorios como el TPS.

Aron Jacobson, del Comité de Campesinos de Georgia, está convencido de que el gobierno de alguna manera los escuchará porque “aunque no quieran,, nos necesitan, le interesa y le afecta”.

“Hoy hay bastante gente, muchos grupos unidos. El poder adquisitivo de esta comunidad es cuantiosa, y créeme, ahora los políticos y el gobierno tienen que estar preocupados”, aseguró Jacobson.

Y es que es que el ambiente político, tanto republicanos como demócratas necesitan apelar a los votantes hispanos, la mayoría de los inmigrantes en el país, para poder asegurarse el triunfo en las urnas.

“La comunidad hispana tiene poder económico, tiene poder de conocimientos, tiene expresión cultural. Nos falta poder político”, afirmó Germán De Castro, de la Coalición de Votantes Hispanos de Charlotte, Carolina del Norte.

Durante el paso de la marcha por Georgia, alrededor de 2.000 personas se congregaron en las afueras de Atlanta para recibir a la caravana. Pero también un grupo reducido de opositores hizo sentir su opinión con respecto a la marcha

Para Bill, un estadounidense que no quiso decir su apellido, la legalización de los indocumentados va en contra de los derechos civiles. “Los inmigrantes deben estar en este país legalmente. No necesitamos darle algo a alguien que está ilegalmente y que violó las leyes desde que tocó suelo estadounidense”, enfatizó.

Tampoco la lluvia fue un obstáculo para que los manifestantes recorrieran las calles principales del centro de Tucson, Arizona. Hombres, mujeres y niños portaron cruces que representan los cientos de indocumentados que han muerto en la frontera, así como imágenes de la virgen de Guadalupe y del activista mexicoamericano Cesar Chávez.

Pero el más grave contratiempo ocurrió cuando dos autobuses, con cerca de 87 pasajeros, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en el sector de Sierra Banca, en Texas, por algunas horas.

Simpatizantes y miembros de organismos de defensa de los inmigrantes abarrotaron las líneas telefónicas de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza en Marfa, Texas, para pedir la liberación de los viajeros.

El director de la Trabajadores Agrícolas de Texas y Nuevo México, Carlos Marentes, dijo que el grupo acordó no mostrar sus documentos para proteger a aquellos que pudieran estar viajando sin identificación.

“Ya no pedimos, exigimos que se respeten nuestros derechos”, manifestó Arturo Rodríguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW) en San Francisco, California, frente al ayuntamiento de esta ciudad. “Ustedes son héroes”, dijo en ese entonces Rodríguez al despedir a los casi 140 viajeros del Área de la Bahía que partían en la caravana.

 

 

 

 

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Patrulleros de la frontera entre los Estados Unidos de América y México, satisfechos con recibir ayuda militar

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La decisión del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump de militarizar la frontera con México fue recibida con agrado por el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), que valoró la medida como el acto de un mandatario que “realmente quiere su país y a los ciudadanos de su país”.

 

El portavoz del sindicato, Art del Cueto, reclamó en una entrevista con Efe más efectivos para vigilar el área fronteriza ante el volumen de inmigrantes indocumentados que reciben cada día, por lo que, con la llegada de la Guardia Nacional “más personas podrían ver lo que está pasando allí”.

 

Del Cueto especificó que no se trata de una estrategia novedosa, ya que anteriores Administraciones desplazaron militares a la frontera, aunque ante la cascada de reacciones sobre la propuesta de Trump, cree que “el concepto de moda es atacar” las decisiones del Gobierno actual.

 

“Es lindo tener un presidente como Donald Trump, y lo digo como hispano. Muchos países hispanos querrían tener alguien que realmente quiere a su país y a los ciudadanos de su país”, valoró el agente.

 

El portavoz aclaró que a pesar de que el número de indocumentados disminuyó durante una temporada, volvió a subir en los últimos meses, motivado, entre otras razones, por el programa de “atrapar y soltar”, en el que los individuos son arrestados y al no haber jueces migratorios suficientes son dejados en libertad.

 

El mes pasado se registraron 50.308 aprehensiones en la frontera, lo que supone un incremento del 203 % respecto a las 16.588 del mismo mes de 2017, cuando se había producido un notable descenso en el flujo de indocumentados debido al temor despertado entre ellos por la llegada al poder de Trump.

 

El agente Chris Cabrera, de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), coincidió con ese argumento y explicó en un medio local que las unidades del sector del Valle del Río Grande (Texas), una de las zonas con más tráfico de personas, se encuentran abrumadas ante esta situación.

 

En marzo de este año también hubo un aumento del 55 % en el número de arrestos en la frontera con respecto al mismo mes de 2017, al registrarse 36.695 detenciones frente a las 23.555 de un año antes, según las últimas cifras por la Patrulla Fronteriza.

 

Ante estos datos, el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza apoya al 100% la construcción del muro de concreto entre Estados Unidos y México, por considerar que “ayudaría” a reducir el número de entrada no solo de personas de forma ilegal, sino también de los cargamentos de droga.

 

“En una casa cerrada entran menos ladrones que en una casa abierta (...) no tiene nada que ver con odiar a México o a Centroamérica”, dijo Del Cueto.

 

El portavoz consideró que ante la falta de autoridades fronterizas, la construcción de la pared en ciertas áreas estratégicas supondría un obstáculo para aquellas personas que quieren entrar, puesto que aumentaría su tiempo de cruce y daría la oportunidad a los agentes para intervenir a tiempo.

 

El Gobierno insiste en que el Congreso es el único con poder para cambiar el sistema migratorio del país, por lo que debe aprobar una ley cuanto antes y, de hecho, ya se anunció que pronto enviará una nueva propuesta migratoria al Legislativo, aunque aún no se conoce el contenido de ese plan.

 

Sin embargo, han surgido ciertas voces más escépticas ante los planes del presidente que interpretan su decisión como una manera de presionar para conseguir un aumento del presupuesto para la construcción del muro y para satisfacer a su base.

 

Según los planes del presidente Trump, es que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encarguen de proteger la frontera con México hasta que se construya allí el muro.

 

“Hasta que podamos tener un muro y seguridad adecuada, vamos a estar vigilando nuestra frontera con nuestras Fuerzas Armadas. Ése es un gran paso”, aseguró Trump.

 

El legislador demócrata y presidente de la Asamblea Estatal de California, Fabian Núñez, consideró que Trump está utilizando a los “valientes hombres y mujeres en uniforme para enviar un mensaje político divisivo” y que su decisión “es un insulto” a las Fuerzas Armadas.