Inmigracion, Politicas

Así Viven Los Inmigrantes En Estados Unidos De América Bajo La Incertidumbre Que Les Causa Trump

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Algunos consideran que Estados Unidos de América es su país, a pesar de que los registros no los reconozcan como ciudadanos; otros han formado su familia aquí, sus hijos no han conocido otra vida y están plenamente integrados en la sociedad; pero vivir en los tiempos de Donald Trump marca sus vidas.

Las historias de cada inmigrante en Estados Unidos de América son tan variadas como los motivos que les obligaron a hacer las maletas y mudarse a un nuevo país: una catástrofe natural, violencia callejera y familiar o la miseria que causa una guerra civil.

Pero más allá de sus diferencias, un gran número de inmigrantes que desde hace varias décadas residen en Estados Unidos de América afrontan la misma incertidumbre al conocer que el actual Gobierno tiene la intención de revisar, y si procede anular, los permisos que han garantizado su permanencia legal en el país, en algunos casos por más de 25 años.

Un panorama difícil que afecta a más de un millón de personas beneficiadas por programas de amparo como los 700,000 jóvenes bajo la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”, y los 400,000 inmigrantes acogidos desde 1990 por el Estatus de Protección Temporal (TPS), un amparo para personas de lugares que han sufrido desastres naturales y conflictos.

Así viven bajo la incógnita algunas de las personas afectadas, que narraron a Efe cómo es su situación durante una visita que hicieron a Washington para sumar el apoyo de los congresistas a su lucha por una solución que estabilice su vida en Estados Unidos de América

- Perla Canales. Después 21 años en Estados Unidos de América teme separarse de sus hijos y nietos.

“Estamos en el limbo prácticamente”, declara a Efe minutos antes de reunirse con representantes en el Capitolio.

Canales ha llegado desde Nueva York, donde vive desde hace dos décadas con su familia, trabaja y paga tanto sus impuestos como la hipoteca de su hogar.

Quedó viuda con cuatro hijos en Honduras, país devastado por el mortífero Huracán Mitch, y recibió el amparo del TPS en la década de los noventa.

“Perdería todo, ya pertenezco a este país, ya contribuí”, cuenta antes de romper en lágrimas: “No me cabe en la cabeza que me echen como si ya me usaron. No es justo”.

Canales tiene nietos nacidos en Estados Unidos de América y podría separarse tanto de ellos como de sus hijos si el TPS se anulase y tuviera que volver a Honduras.

- María Elena. Regresaría a Nicaragua tras doce años de trabajo en la Universidad Nova de Florida (NSU), donde se asentó hace 20 años cuando huyó de Nicaragua por un desastre natural.

“Nosotros no hemos venido aquí a ser criminales, hemos venido a trabajar para mejorar nuestra calidad de vida y aportar a la economía de este país”, defiende durante una protesta por las calles de Washington.

“En nuestros países hay violencia y desigualdad, Nicaragua está al borde de una guerra civil. No es conveniente que vayamos a un lugar que es inseguro y desconocido para nosotros, que tenemos raíces aquí”, argumenta.

El arraigo de María Elena, que es beneficiaria de TPS, es tal que además de ser empleada en el centro educativo, ejerce las funciones de representante para sus compañeros, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, que, asegura, le “brindan soporte y todo el apoyo”.

- Concepción Morales. Un salvadoreño padre de tres adolescentes estadounidenses que vino a “hacer su sueño americano”.

“Yo vine aquí hace casi 20 años en busca de un futuro próspero, hice mi propio sueño americano, creo que lo logré y ahora me lo quieren tronchar”, resume este receptor de TPS, rodeado de varios compañeros en la misma situación llegados a Washington desde San Francisco.

Morales formó su familia en Estados Unidos de América, tiene tres hijos que por haber nacido aquí poseen la ciudadanía. Por lo tanto, la anulación del programa migratorio que le ampara podría separar a la familia, ya que los padres son considerados inmigrantes con posibilidad de retorno.

“No queremos que esta Administración siga separando familias -sostiene-. Eso es inmoral y cruel, se vive en un limbo, una incertidumbre. ¿Qué va a pasar?”.

A pesar de su situación, Morales contagia de optimismo a sus compañeros, pues confía en que los congresistas aprobarán una ley que los ampare de forma permanente.

Así, defiende con rotundidad: “Los inmigrantes movemos la economía de este país, construimos carreteras, puentes, edificios... Trabajamos lavando en hoteles, limpiando, cocinando, cuidando niños y ancianos. Por una persona que hace algo malo, algunos dicen que todos somos malos. Siempre va a haber una persona que no es del todo buena, pero la mayoría somos gente trabajadora y no nos pueden señalar así”.

Pero las buenas noticias llegaron el pasado mes de febrero cuando el Gobierno de Estados Unidos de América anunció que extendería hasta enero de 2020 el amparo migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, en sus siglas en inglés).

En el documento dado a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América señaló que extiende de manera automática hasta el 2 de enero de 2020 el TPS para los nacionales de Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán, en cumplimiento de una resolución judicial.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

En los últimos años, los beneficiarios del TPS en Estados Unidos de América han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por períodos de 18 meses, pero el Gobierno del presidente, Donald Trump, decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

En consecuencia, en el último año, el mandatario ordenó a los beneficiarios del TPS -unos 263.000 salvadoreños, 86.000 hondureños, 58.000 haitianos, 5.300 nicaragüenses y un millar de sudaneses- que preparasen “su salida” de Estados Unidos de América o buscasen una alternativa migratoria legal.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó en la notificación que la decisión se produce “para garantizar el cumplimiento continuo del mandato judicial previo de la Corte de Distrito de Estados Unidos de América para el Distrito Norte de California”. Por tanto, “los beneficiarios de las designaciones de TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y el Salvador retendrán sus TPS mientras el mandato judicial preliminar permanezca en efecto”.

En octubre pasado, un juez de ese tribunal, con sede en San Francisco (California), bloqueó el cese de este amparo migratorio, ordenado por Washington para Sudán, El Salvador, Nicaragua y Haití. En aquel entonces, el magistrado Edward Chen, dispuso el bloqueo de la suspensión del TPS al considerar que suponía un “daño irreparable” para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar EE.UU.

El caso de Honduras, que queda fuera de la medida del DHS, lo lleva la misma corte, junto al de los receptores de TPS de Nepal, en una causa separada de la anterior.

Las reacciones a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional no se hicieron esperar. La organización FWD.us se congratuló por la medida, pero recordó que “esto no debería ralentizar los esfuerzos del Congreso para proteger permanentemente a estas comunidades que afrontan un riesgo inminente como resultado de las acciones de la Administración de Trump”.